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Las afirmaciones por parte de los turcos de que la República de Chipre ha impuesto impedimentos económicos, el denominado “embargo”, a la comunidad turco-chipriota que vive en la parte ocupada de Chipre son imaginarias y carecen de fundamento. Las autoridades de la República de Chipre carecen de los medios que se necesitarían para imponer un embargo naval, o para forzar a los aviones, que transportan pasajeros y mercancías, a las zonas ocupadas, a que aterricen en el aeropuerto de Lárnaca.
Si existe alguna obstrucción a las transacciones económicas con las zonas ocupadas, se debe al hecho de que los turco-chipriotas han proclamado unilateralmente un “estado”, que fue declarado legalmente inválido por el Consejo de Seguridad de la ONU, en las resoluciones 541 (1983) y 550 (1984).
El gobierno de Chipre, a fin de asegurar el ejercicio de su soberanía sobre todo Chipre, pero también para proteger el derecho a la propiedad de los propietarios legales, no tuvo otra elección que declarar clausurados los puertos y aeropuertos de la parte ocupada de Chipre.
Chipre, para armonizar su actuación con el acervo comunitario y en cuanto país candidato, está obligado a cumplir los reglamentos de la UE relativos a la entrada en un país y el transporte de bienes a los Estados miembros de la UE. También responde ante la Unión Europea, otras organizaciones internacionales y tratados internacionales ratificados, del tráfico de drogas, las armas de destrucción masiva y los inmigrantes ilegales, la lucha antiterrorista, etc.
El gobierno de Chipre tuvo obligación legal de afirmar ante todos los países y organizaciones internacionales que no se le podía hacer responsable de todo lo que estaba ocurriendo en los aeropuertos y puertos que no estaban bajo su control. Por tanto, la única manera de quedar libre de responsabilidad por lo que pudiera estar ocurriendo en esos puertos y aeropuertos era declararlos clausurados.
Debe ponerse énfasis en el hecho de que el gobierno de Chipre no puede tener abiertos estos puertos, y responder por sus obligaciones ante la comunidad internacional y la UE en particular, pues no están bajo su control. El gobierno no tiene intención de alterar su postura —es decir, de abrir los puertos—, pues ello implicaría el reconocimiento de un pseudoestado, lo que constituye un acto impensable.
En toda la zona de la República se aplica el principio de igualdad, y todos los ciudadanos disfrutan de los mismos derechos, independientemente de su nacionalidad, sexo o religión. Del mismo modo, los ciudadanos turco-chipriotas de la República de Chipre tienen derecho a exportar bienes producidos en su propia propiedad, siempre que vayan acompañados de los necesarios certificados que muestren el origen y las condiciones sanitarias que la propia UE impone, expedidos por las autoridades legales de la República de Chipre; y las exportaciones se realizan a través de los puertos y aeropuertos legales de la República de Chipre. Debe decirse que es el régimen de Denktash el que no permite estas exportaciones, y exige que todos los bienes se exporten vía Turquía.
Decisiones de los tribunales europeos
Debe recordarse que existe una decisión del Tribunal Europeo de Justicia que, ciertamente, no constituye un embargo sobre las exportaciones, pero exige que todas las que se inicien en Chipre vayan acompañadas por los necesarios certificados fitosanitarios que solo las autoridades legales de la República —reconocidas por la UE— pueden expedir.
También existe un aspecto humano del asunto, a saber, el derecho inalienable a la propiedad y al disfrute de esa propiedad. Existen tratados internacionales de protección del derecho a la propiedad, y también resoluciones de la ONU (37/253, 13.5.1983), así como decisiones de otras organizaciones internacionales que hacen mención del respeto al derecho de propiedad de los greco-chipriotas que han sido expulsados de sus casas y propiedades por el ejército de ocupación turco.
Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su decreto de 18 de diciembre de 1996, sobre la apelación de la refugiada greco-chipriota de Kyrenia, D.ª Titina Loizidou, contra Turquía, decidió que este país violaba el derecho de propiedad de la Sra. Loizidou al privarle del uso de su propiedad en Kyrenia.
Además, el mismo Tribunal, al revisar la Cuarta Demanda Interestatal de Chipre contra Turquía, decidió, el 10 de mayo del 2001, por dieciséis votos frente a uno —el de Turquía—, que este país se encontraba en “violación continua del artículo 1 del protocolo nº 1, en virtud del hecho de que a los dueños greco-chipriotas de propiedad en el norte de Chipre se les estaba denegando el acceso y control, uso y disfrute de su propiedad, así como cualquier tipo de compensación por su interferencia en sus derechos de propiedad (párrafo 189)”.
La primera y máxima obligación de un Estado legal es proteger y respetar los derechos humanos, no solo de sus ciudadanos, sino de todas las personas que viven en su área. Estos es exactamente lo que está haciendo el gobierno de Chipre, al declarar clausurados los puertos y aeropuertos ocupados.
Además, toda persona cuyo derecho de propiedad esté siendo violado está absolutamente legitimada a tomar medidas legales para proteger su derecho, así como su propiedad. Por esta razón, varias asociaciones profesionales, especialmente las que se dedican al turismo, han informado a los foros internacionales que los hoteles y los alojamientos pertenecientes a greco-chipriotas de las zonas ocupadas están siendo gestionados ilegalmente por empresas de turismo turco-chipriotas. No es justo que la única forma de defenderse que tienen los propietarios legales del terreno de las zonas ocupadas —a saber, informar a la opinión pública de la invasión continua de sus propiedades— se considere un embargo económico.
Jean-Christophe Filory: No hay ningún embargo en la zona septentrional de Chipre
El Sr. D. Jean-Christophe Filory, Portavoz del Sr. D. Gunter Verheugen, ex Comisario para la Ampliación de la UE, negó enérgicamente que hubiera un embargo en las zonas ocupadas de Chipre.
En una declaración del 8 de mayo del 2003 referente a un artículo de un diario británico según el cual el Ministro de Exteriores turco, Sr. D. Abdullah Gul, había pedido a la UE que levantara el denominado “embargo” a la zona septentrional de la isla, el Sr. Filory observó:
“Puedo negar formalmente la existencia de ningún embargo sobre la zona septentrional de Chipre.
Sencillamente, no es cierto que lo haya. Existe una resolución del Tribunal de Justicia, de 1994, sobre la cuestión de si la UE podría validar y aceptar los certificados de exportación expedidos por las autoridades que controlan la zona septentrional de Chipre. La respuesta de esta resolución judicial fue que no, pues no reconocemos a las autoridades que controlan la zona septentrional de Chipre, lo cual no quiere decir que los productos estén embargados. Simplemente quiere decir que no se pueden exportar con la autorización que conceden esas autoridades; de modo que niego rotundamente que se trate de un embargo. Los productos pueden exportarse a la UE, pero no mediante los trámites burocráticos de autorización realizados por las autoridades que controlan el norte de Chipre”.
Turquía es responsable de las desgracias financieras de los turco-chipriotas
Las desgracias financieras de las zonas ocupadas se deben al hecho de que la economía turcochipriota depende totalmente de la economía turca, con todo lo que ello lleva consigo: utilización de la moneda turca, alta tasa de inflación, paro, baja tasa de crecimiento.
Después de la proclamación del pseudoestado, el régimen Denktash ha manejado con poquísimo acierto la economía en las zonas ocupadas, revelándose incapaz de asentarla, y la corrupción es desaforada.
Es un hecho que el régimen ilegal del norte ocupa las áreas más fértiles de Chipre, y que no han sabido conservarlas ni mantenerlas. También ocupan lo que solía ser la región turística más desarrollada, incluidos muchos hoteles, de los cuales se apoderaron. A pesar de ello, no han logrado mantener el anterior nivel de desarrollo turístico, porque no están en condiciones de ofrecer los servicios necesarios.
La parte norte de la República de Chipre, bajo ocupación militar turca desde la invasión de 1974, ha experimentado un auge sin precedentes en la construcción y venta de inmuebles. Desde 1974, las fuerzas armadas turcas, que ocupan el 36,4% del territorio de la República de Chipre, han expulsado por la fuerza a alrededor de 170.000 greco-chipriotas de sus casas solariegas y han puesto sus propiedades a disposición de sus propias "autoridades". Las propiedades se destinaron inicialmente a satisfacer las necesidades del ejército turco y de los turco-chipriotas. Al inicio de la colonización organizada del territorio de Chipre ocupado a finales de 1974, muchas de esas propiedades se entregaron a colonos procedentes de la península turca. La dirección turco-chipriota también utilizó la distribución de propiedades para comprar influencia política tanto dentro como fuera de su comunidad.
En el 2002, el régimen de ocupación turco permitió que los actuales poseedores de propiedades ocupadas las "transfirieran" libremente, lo que propició el surgimiento de un "mercado inmobiliario" sin precedentes.
El auge de edificación y "venta" estalló después de que las Naciones Unidas presentaran en el 2002 un controvertido plan para resolver el problema de Chipre. El plan propuesto favoreció solo mínimamente el derecho de los desplazados a la restitución de sus propiedades. Las disposiciones del plan favorecían la transferencia de títulos de propiedad a los ocupantes actuales de esas propiedades.
Buena parte de las propiedades de las que fueron expulsados los propietarios greco-chipriotas se distribuyó, contraviniendo la ley, entre los 160.000 colonos turcos que Turquía llevó ilegalmente al área ocupada, para cambiar la estructura demográfica de Chipre. Si el plan se hubiera llevado a cabo, los colonos hubieran podido retener la posesión de dichas propiedades, legitimando así la política de limpieza étnica de Chipre.
En agosto del 2004, Ahmet Uzun, el supuesto "Ministro de Finanzas" del régimen títere en la zona ocupada, afirmó que el Plan de la ONU proporcionaba incentivos para construir sobre terrenos greco-chipriotas allí ubicados, puesto que las personas que invirtieran en los mismos podrían tener prioridad en cuanto a la propiedad frente a los refugiados greco-chipriotas que fueran sus legítimos titulares. Ciertamente, esas disposiciones supusieron un incentivo y aceleraron la edificación de los terrenos usurpados y su "venta" a diversos ciudadanos, principalmente británicos y de otros países de Europa, que querían tener una casa en el soleado mediterráneo.
A pesar de que las fuerzas de ocupación turcas tomaron medidas para alienar las propiedades de los greco-chipriotas desplazados, a quienes se les ha impedido hasta hoy volver a sus casas solariegas y disfrutar pacíficamente de sus propiedades, los propietarios originales no han perdido sus derechos sobre las propiedades.
Según el Registro de la Propiedad de 1964, aproximadamente el 78,37% de los terrenos de propiedad privada en territorio ocupado ahora por los turcos pertenecía a personas de la comunidad grecochipriota, mientras que las personas de la comunidad turco-chipriota eran propietarias de aproximadamente el 21,37%. Esa proporción todavía se daba en 1974. De los 3.241.930.428 metros cuadrados del área ocupada, el 60,27% pertenece a greco-chipriotas, el 16,39% a turco-chipriotas y el 23,09% a la República de Chipre.
Cualquier persona que haya "comprado" o quiera "comprar" propiedades de titularidad greco-chipriota en la zona ocupada de la República lo ha hecho o lo hace contraviniendo la ley. Como sucedió a una pareja británica, la primera en comprobarlo, en octubre del 2004, el que contribuya al actual saqueo de dichas propiedades se expone a ser objeto de demandas civiles y penales ante los tribunales de la República de Chipre. Las órdenes de arresto y resoluciones judiciales podrán ejecutarse posteriormente en el extranjero.
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