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La parte norte de la República de Chipre, bajo ocupación militar turca desde la invasión de 1974, ha experimentado un auge sin precedentes en la construcción y venta de inmuebles.
Desde 1974, las fuerzas armadas turcas, que ocupan el 36,4% del territorio de la República de Chipre, han expulsado por la fuerza a alrededor de 170.000 greco-chipriotas de sus casas solariegas y han puesto sus propiedades a disposición de sus propias "autoridades". Las propiedades se destinaron inicialmente a satisfacer las necesidades del ejército turco y de los turco-chipriotas. Al inicio de la colonización organizada del territorio de Chipre ocupado a finales de 1974, muchas de esas propiedades se entregaron a colonos procedentes de la península turca. La dirección turco-chipriota también utilizó la distribución de propiedades para comprar influencia política tanto dentro como fuera de su comunidad.
En el 2002, el régimen de ocupación turco permitió que los actuales poseedores de propiedades ocupadas las "transfirieran" libremente, lo que propició el surgimiento de un "mercado inmobiliario" sin precedentes.
El auge de edificación y "venta" estalló después de que las Naciones Unidas presentaran en el 2002 un controvertido plan para resolver el problema de Chipre. El plan propuesto favoreció solo mínimamente el derecho de los desplazados a la restitución de sus propiedades. Las disposiciones del plan favorecían la transferencia de títulos de propiedad a los ocupantes actuales de esas propiedades. Buena parte de las propiedades de las que fueron expulsados los propietarios greco-chipriotas se distribuyó, contraviniendo la ley, entre los 160.000 colonos turcos que Turquía llevó ilegalmente al área ocupada, para cambiar la estructura demográfica de Chipre. Si el plan se hubiera llevado a cabo, los colonos hubieran podido retener la posesión de dichas propiedades, legitimando así la política de limpieza étnica de Chipre.
En agosto del 2004, Ahmet Uzun, el supuesto "Ministro de Finanzas" del régimen títere en la zona ocupada, afirmó que el Plan de la ONU proporcionaba incentivos para construir sobre terrenos greco-chipriotas allí ubicados, puesto que las personas que invirtieran en los mismos podrían tener prioridad en cuanto a la propiedad frente a los refugiados greco-chipriotas que fueran sus legítimos titulares. Ciertamente, esas disposiciones supusieron un incentivo y aceleraron la edificación de los terrenos usurpados y su "venta" a diversos ciudadanos, principalmente británicos y de otros países de Europa, que querían tener una casa en el soleado mediterráneo.
A pesar de que las fuerzas de ocupación turcas tomaron medidas para alienar las propiedades de los greco-chipriotas desplazados, a quienes se les ha impedido hasta hoy volver a sus casas solariegas y disfrutar pacíficamente de sus propiedades, los propietarios originales no han perdido sus derechos sobre las propiedades.
Según el Registro de la Propiedad de 1964, aproximadamente el 78,37% de los terrenos de propiedad privada en territorio ocupado ahora por los turcos pertenecía a personas de la comunidad greco-chipriota, mientras que las personas de la comunidad turco-chipriota eran propietarias de aproximadamente el 21,37%. Esa proporción todavía se daba en 1974. De los 3.241.930.428 metros cuadrados del área ocupada, el 60,27% pertenece a greco-chipriotas, el 16,39% a turco-chipriotas y el 23,09% a la República de Chipre.
Cualquier persona que haya "comprado" o quiera "comprar" propiedades de titularidad grecochipriota en la zona ocupada de la República lo ha hecho o lo hace contraviniendo la ley. Como sucedió a una pareja británica, la primera en comprobarlo, en octubre del 2004, el que contribuya al actual saqueo de dichas propiedades se expone a ser objeto de demandas civiles y penales ante los tribunales de la República de Chipre. Las órdenes de arresto y resoluciones judiciales podrán ejecutarse posteriormente en el extranjero.
Alcance de la explotación
El 23 de agosto del 2004, Milliyet informaba de que el viceprimer ministro de Turquía y ministro responsable de los asuntos chipriotas, Abdullatif Sener, había declarado que el número de propiedades que los extranjeros habían "comprado" en las zonas ocupadas de Chipre había aumentado ¡diez veces durante los últimos dos años!. En referencia al intenso desarrollo inmobiliario que se observa en los territorios ocupados desde el 2002, el viceprimer ministro y ministro de Estado, el Sr. Abdullatif Sener, declaró, entre otras cosas, que:
- en 2001, 63.000 metros cuadrados de tierra fueron "adquiridos" por extranjeros.
- en 2002, 290.000 m2.
- en 2003, 613.000 m2.
El Sr. Sener observó que, sólo durante los últimos tres años y medio, se vendieron 1.000.000 m2 en la ocupada Kyrenia. El Sr. Sener admitió que hay propiedades greco-chipriotas afectadas por las transacciones mencionadas, y observó que "es digno de notar el hecho de que, en los últimos años, haya extranjeros que estén comprando propiedades cuyas escrituras de propiedad pertenecen a greco-chipriotas" (Periódico turco Milliyet, 23 de agosto del 2004).
El diario turco-chipriota KIBRIS recogía el 27-11-05 unas afirmaciones del supuesto "Ministro del Interior de la RTNC", el Sr. Ozgan Murat, según las cuales en los últimos 30 años (1973- 2003) los extranjeros han comprado un total de 2.600 donums (1 donum = 1.338 m2) de tierra. Solo en 2004 se vendieron 2.827 donums de tierra, ¡una cifra más grande que la de los 30 años anteriores juntos!. Esto se refleja en primer lugar en el aumento de importaciones de material de construcción.
Las importaciones de ladrillos, por ejemplo, aumentaron un 114%, las de cemento un 262 %, las de hierro un 219 % y las de piedras un 585%. Al mismo tiempo, mientras la media diaria de producción en las minas de piedra fue de cinco toneladas, en el 2004 esta producción había aumentado a doce toneladas diarias.
El político turco-chipriota D. Izzet Izcan declaró que en el periodo de abril-septiembre del 2004 el valor de las "ventas" de propiedad en los territorios ocupados alcanzó los dos billones de dólares.
El diario turco-chipriota YENI DUZEN calcula así (08.05.06) el área de tierra sobre la cual se está edificando, desde el año 2000 al 2005.
Año - Área (en metros cuadrados)
2000 - 607.000
2001 - 775.000
2002 - 874.000
2003 - 840.000
2004 - 5.000.000
2005 - 4.400.000
Considerando las cifras medias en relación con el "desarrollo" del sector inmobiliario, el avance de los últimos cuatro años ha llegado a un punto al que debería haber llegado en 9 años.
Hablando con el periódico sobre el asunto, el Sr. Osman Yilmaz, Presidente de la Cámara de Ingenieros Civiles, declaró que si se miran las cifras de los últimos años y el progreso que ha experimentado el sector inmobiliario, se puede ver que deberían haber llegado a ese nivel de desarrollo en el año 2015. Como dijo el Sr. Osman, los principales problemas a que se enfrentan en este sector son las inspecciones y los edificios que se construyen sin ningún control.
La agencia de noticias Anatolia news agency, de Ankara, da las siguientes cifras proporcionadas por el Sr. Soyer (04.04.06):
AÑO - SOLICITUDES DE EXTRANJEROS PARA ADQUIRIR PROPIEDAD - COMPRAS ACTUALES DE PROPIEDAD
2000 - 228 - 114
2001 - 309 - 231
2002 - 591 - 130
2003 - 955 - 425
2004 - 2.827 - 249
2005 - 1.571 - 667
2006 -(primeros dos meses) - 300 - 267
El semanario turco-chipriota Cyprus Today (18-24 de marzo del 2006) recoge declaraciones del supuesto "Ministro del Interior", el Sr. Ozgan Murat, quien reconoció una pequeña caída en el número de solicitudes realizadas en la actualidad por extranjeros para la compra de una casa de vacaciones, pero rechazó las especulaciones según las cuales el sector inmobiliario estaría descendiendo, y dijo que 2004 había sido un año extraño, pero que el nivel de compras había vuelto ahora a su cauce.
Implicación del régimen y la potencia ocupadores
El régimen de ocupación promueve la explotación de propiedades greco-chipriotas, con objeto de alejarlas de sus dueños originales y complicar más la resolución del problema de Chipre, de la siguiente manera:
▪ Animando a los ciudadanos extranjeros a invertir en propiedades de la zona ocupada. Según las declaraciones de los presuntos "funcionarios" del régimen de ocupación, la venta de propiedades greco-chipriotas a extranjeros está bajo "garantía estatal". Bajo el título "Las casas de ciudadanos británicos en el Chipre turco están a salvo", David Rennie, del News Telegraph, informaba (11/3/06) de que "el Sr. Soyer dijo a miles de familias que compraron casas con terreno a bajo precio en el norte de Chipre que sus inversiones estaban seguras, aunque los tribunales europeos resolvieran que su propiedad fue robada a propietarios griegos durante la división de la isla en 1974. Dijo: "todo está bajo nuestra garantía estatal". Además ha habido reducciones fiscales, se han limitado los procesos y se ha rogado a los gobiernos extranjeros que no ejecuten las órdenes de arresto dictadas contra los usurpadores de propiedad.
▪ Garantizando fondos para la construcción y venta de propiedades:
- El supuesto "Primer Ministro" Sr. Soyer y D. Serdar Denktas se reunieron con el consejo administrativo del "Banco Central de Cooperación" para encontrar maneras de evitar que "North Cyprus Properties", la segunda mayor empresa inmobiliaria, fuera a la quiebra. El Sr. Soyer dijo que si "NCP no podía cumplir sus compromisos con los clientes, todo el sector inmobiliario de las zonas ocupadas de la República de Chipre recibiría un gran golpe". (VOLKÁN - 02.01.06)
- Se protege a Gary Robb, buscado por la Interpol, para que termine la construcción y venta de propiedades inmobiliarias comenzada por su empresa (Afrika -9/7/06). Previamente se había designado a un "funcionario del Estado" para que administrara AGA Development y terminara la construcción. (Diario turco-chipriota VOLKÁN - 03.01.06)
▪ La previsión y disponibilidad de fondos para la construcción de centros turísticos.
- El supuesto "Ministro de Economía y Turismo" anunció que se darían 2.000 donums de terreno del Área de Morphou para el "desarrollo turístico". Se van a construir 18 hoteles en esa área. (Diario turco-chipriota KIBRIS - 20.4.06). El líder turco-chipriota Mehmet Ali Talat, para animar a invertir en la zona, afirmó que pronto se darían a conocer los planes de construcción de 40 hoteles de 5 estrellas en 7 km de las costas occidentales de Chipre.
- La capacidad de alojamiento en hoteles de la zona ocupada ha alcanzado las 30.000 camas, lo que supone un aumento del 100%. La capacidad de alojamiento hotelero en Karpas aumentará de 600 a 6.000 (diario turco-chipriota HALKIN SESI (05/12/05), con el título "KARPAS se prepara para ser el centro del turismo"). El gobierno turco y el régimen ilegal han creado un fondo para subvencionar la construcción de pensiones en la península de Karpas.
- En 28 años sólo se construyeron alojamientos para 8.000 personas en la zona ocupada, mientras que en el proyecto del pueblo de Vokolida se construirán alojamientos para 7.500 personas en dos años. (Diario turco-chipriota CUMHURIYET declaraciones de Serdar Denktas)
Vokolida es el objetivo de un plan de construcción bastante importante.
▪ El ministro de exteriores turco se encuentra entre los "inversores" de la ocupada Vokolida, y ha construido un hotel con capacidad para 700 personas (diario turcochipriota YENI DUZEN - 06.06.06). De acuerdo a la prensa extranjera, el "proyecto de desarrollo Vokolida" es una operación comercial con riesgo de 9 empresas turcas (Helsingin Sanomat - 15/7/2006).
▪ Turgay Avci, supuesto "diputado" del Partida para la Unidad Nacional (UBP), dijo que solo 15 de los 200 centros turísticos, construidos o en construcción en la zona ocupada, tienen escritura de propiedad turco-chipriota (diario turco-chipriota KIBRIS - 15.12.05).
▪ El primer ministro turco (20/7/06), en su discurso con motivo del aniversario de la invasión turca afirmó que el objetivo es que la zona ocupada se convirtiera en uno de los centros turísticos más importantes de toda la zona.
Implicaciones legales y prácticas derivadas de la explotación ilegal de propiedades en los territorios ocupados
1. Todo aquel que contribuya a la explotación ilegal proporcionando bienes, servicios o capital a los intrusos está agravando la violación actual de los derechos de propiedad nacionales (cf. artículos 16 derecho a la vivienda y 23 derecho a la propiedad de la Constitución de la República de Chipre) e internacionales (cf., por ejemplo, el artículo 8 (derecho a la vivienda) y Artículo 1-Protocolo 1 (derecho al disfrute pacífico de las posesiones) del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos junto con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Loizidou contra Turquía (1995, 1996, 1998), Chipre contra Turquía (2001), Demades contra Turquía (2003) y Eugenia Michaelidou Developments Ltd. y Michael Tymvios contra Turquía (2003), que, entre otras cosas, confirman que el derecho de los propietarios a inmuebles de los que fueron desposeídos por la invasión turca de 1974 y la ocupación actual siguen siendo igual de válidos que siempre, y que Turquía tiene responsabilidad internacional por la continua violación de los derechos de vivienda/propiedad de dichas personas. En su reciente Resolución sobre Admisibilidad en Xenides-Arestis contra Turquía (2005) el Tribunal confirmó, de conformidad con el Artículo 1 del TEDH, la "jurisdicción" de Turquía sobre las violaciones de derechos en el Chipre ocupado, y aceptó de nuevo certificados oficiales de propiedad del Departamento de Terrenos y Estudios de la República de Chipre como prueba de que el Solicitante era propietario del terreno correspondiente) de los legítimos propietarios, sometiéndose así ellos mismos al riesgo de enjuiciamientos penales, (por la violación del artículo 281 del Código Penal de la República de Chipre), procesos civiles (por violación de la propiedad) o ambos a la vez.
Tras la adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea el 1 de mayo del 2004, lasórdenes de arresto y sentencias judiciales (Según el Reglamento CE 44/201 sobre competencia jurisdiccional, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil) dictadas por tribunales chipriotas se pueden ejecutar en el resto de la Unión (Véase el caso de Meletios Apostolides contra David Charles Orams y Linda Elizabeth Orams, en el que un tribunal chipriota ordenó a los demandados británicos demoler un chalet y una piscina que habían construido en la propiedad del Sr. Apostolides, situada en la zona norte ocupada por Turquía.
También se ordenó a los Demandados no seguir obstaculizando el disfrute de la propiedad del Sr. Apostolides, y pagarle una compensación por sus intromisiones hasta la fecha. Actualmente el Demandante está procurando ejecutar la sentencia del tribunal contra los bienes de los Demandados en el Reino Unido).
2. La explotación ilegítima compromete también la propia responsabilidad legal internacional de Turquía, pues no se puede realizar ninguna construcción sin licencia de su administración local subordinada en la zona ocupada.
Tal como decidió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias en el caso Loizidou contra Turquía (18 de diciembre de 1996) y la Cuarta Demanda Interestatal de Chipre contra Turquía (10 de mayo del 2001), Turquía es responsable de la situación en la zona ocupada, en virtud de su ejercicio de control efectivo de ese territorio mediante la presencia de un gran número de sus tropas.
3. La perpetuación de los hechos consumados ilegales que supuso la ocupación turca y el perjuicio —diario— de una solución justa, conforme con el derecho internacional, del problema de Chipre, que respetara la doble libertad de establecimiento y titularidad de la propiedad en toda la isla.
4. La creación de condiciones que animan al desplazamiento de trabajadores procedentes de Turquía, que terminan estableciéndose y colonizando los territorios ocupados, extendiendo así el ilícito asentamiento turco, que ya estaba en pleno desarrollo allí. Se calcula que, solo en el 2004, aproximadamente 40.000 turcos se fueron a la zona norte de ocupación turca, para trabajar en el sector de la construcción.
5. La destrucción del medio ambiente y de los yacimientos arqueológicos para dar paso a un desarrollo inmobiliario desbocado, que, como señaló la Cámara de Comercio turco-chipriota, está obstruyendo la infraestructura (agua, electricidad, carreteras, etc.) en la zona norte ocupada por los turcos y está produciendo edificios de baja calidad que tendrán problemas en caso de terremoto.
6. La construcción sobre tumbas que se sabe contener restos mortales de greco-chipriotas desaparecidos, asesinados durante la invasión turca de 1974, conculcando su memoria y haciendo más difíciles los esfuerzos por identificarlos y devolverlos a sus seres queridos para que los entierren en condiciones adecuadas.
Parámetros legales
Las organizaciones y tratados internacionales protegen los derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos los derechos de propiedad y restitución de propiedades. El derecho de propiedad y el derecho a la vivienda quedan salvaguardados por el artículo 23 de la Constitución de la República de Chipre. La Declaración Universal de Derechos Humanos codifica el derecho a la libertad de circulación y residencia, así como el derecho a la propiedad privada. El artículo 17(2) dispone que nadie podrá ser privado arbitrariamente de su propiedad.
El Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas han destacado repetidas veces, en varias de sus resoluciones sobre Chipre, la violación de los derechos humanos que han llevado a cabo las fuerzas de ocupación turcas. El Consejo de Seguridad, en su Resolución 361 (1974) "expresa su grave preocupación por la huida de refugiados y otras personas desplazadas a consecuencia de la situación en Chipre, y urge a las partes afectadas a buscar soluciones pacíficas a los problemas de los refugiados y a tomar las medidas apropiadas para asegurar su alivio y bienestar y permitir a las personas que deseen hacerlo volver a sus casas sin peligro".
La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante su resolución 3212 (1974) establece que
"todos los refugiados deben volver a sus hogares sin peligro". Mediante su Resolución 3395 (1975) pide que se vuelvan a tomar medidas para facilitar la vuelta voluntaria de todos los refugiados a sus casas en condiciones de seguridad y se arregle el resto de los asuntos del problema de los refugiados. Las Resoluciones 33/15 y 34/30 piden que se facilite el regreso voluntario de los refugiados a sus casas en condiciones de seguridad. La Resolución 37/253 (13/5/1983) "pide el restablecimiento y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los chipriotas, incluida la libertad de circulación, la libertad de residencia y el derecho de propiedad".
El derecho de los refugiados a la devolución de su propiedad se volvió a confirmar en agosto del 2004. La subcomisión de naciones unidas sobre la promoción y protección de derechos humanos aprobó por unanimidad los "Principios para alojar y devolver la propiedad a los refugiados y desplazados" y declaró que esos principios "destacaban la importancia de la devolución como forma de justicia reparadora... Defienden un punto de vista según el cual la traducción de los derechos humanos en la posibilidad de regreso y restitución producirá resultados equitativos duraderos en la consecución del restablecimiento de derechos de vivienda y propiedad de los refugiados y personas desplazadas y en la creación de estabilidad a largo plazo". El derecho de devolución de la propiedad es una condición sine qua non para la resolución del conflicto y el posterior restablecimiento de la paz, así como para el regreso de los refugiados a sus hogares sin ningún peligro y para siempre. Los principios disponen que el derecho de los desplazados a la restitución de su propiedad no queda sustituido por el pago de una compensación ni queda sujeto al interés que pueda haber adquirido un tercero sobre la propiedad. Los principios reiteran la Resolución 3212 de la Asamblea General sobre Chipre para respaldar el establecimiento del derecho a la devolución de la casa particular de cada uno.
El derecho de propiedad queda salvaguardado por el Artículo 1, Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El derecho al respeto de la vida privada y el domicilio se recoge en el artículo 8.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su resolución de 18 de diciembre de 1996 sobre la apelación de una refugiada greco-chipriota de Kyrenia, la Sra. Titina Loizidou contra Turquía, concluyó que este país violaba los derechos de propiedad de la Sra. Loizidou, al impedirle disfrutar pacíficamente de su propiedad en Kyrenia.
El mismo Tribunal, después de examinar la Cuarta Demanda Interestatal de Chipre contra Turquía, decidió, el 10 de mayo del 2001, por 16 votos a favor y uno en contra —el de Turquía—, que este país está llevando a cabo una "continua violación del artículo 1 del Protocolo Nº 1 (protección de la propiedad), porque los propietarios greco-chipriotas de terrenos en el norte de Chipre están siendo privados de su derecho a acceder libremente a su propiedad, y controlarla, utilizarla y disfrutarla, así como de cualquier compensación por la intromisión en sus derechos de propiedad (párrafo 189)".
El Tribunal también decidió que "la República de Chipre sigue siendo el único gobierno legal de Chipre, lo cual significa que esta República conserva íntegros los derechos legales sobre toda su zona y población, aunque el ejercicio de dichos derechos en las zonas ocupadas se haya visto obstaculizado temporalmente por el uso de la fuerza militar". Como consecuencia, ninguna supuesta "autoridad" en el Chipre ocupado tiene competencia para realizar actos administrativos en ningún asunto, incluida la transferencia de títulos de propiedad.
En su reciente sentencia de Myra Xenides-Arestis contra Turquía (22 de diciembre del 2005), el Tribunal sostuvo que "el Gobierno (turco) siguió ejerciendo un control militar general en el norte de Chipre y que el hecho de que los greco-chipriotas hubieran rechazado el Plan de Annan no tiene la consecuencia legal de poner término a la continua violación de los derechos de las personas desplazadas".
Los compradores de tierra tendrán que enfrentarse a acciones legales
Los ciudadanos europeos que estén pensando comprar o explotar propiedades que pertenezcan a greco-chipriotas en la zona de la República de Chipre que no está bajo control efectivo del gobierno se arriesgan a ser objeto de una acción penal o civil.
Más en concreto, en caso de que un ciudadano chipriota apele a un Tribunal de la República de Chipre con la acusación de que un ciudadano europeo que vive en las zonas ocupadas por los turcos posee o explota ilegalmente su propiedad, el Tribunal puede decidir dictar una orden de arresto contra éste, de modo que se le pueda imputar el delito. Si es imposible efectuar el arresto porque el demandado europeo viva en las zonas ocupadas o ya haya partido para otro país europeo, el Tribunal tendrá facultad para dictar una orden europea de arresto. Consiguientemente, el demandado podrá ser arrestado en cualquiera de los 25 países donde se encuentre. También podrá dictarse una orden de arresto internacional.
Los Tribunales de la República de Chipre tienen esta facultad después de que el Parlamento de Chipre aprobara una ley, el 17-3-2005, que modifica el artículo 281 del Código Penal, que en su redacción actual castiga el delito de ocupación, cultivo, distribución o utilización ilegal de propiedad inmueble con pena de prisión de hasta dos años o multa de hasta 5.000 £, o ambas cosas a la vez.
Los propietarios greco-chipriotas también pueden emprender acciones legales contra los usurpadores de sus propiedades. De conformidad con el Reglamento CE nº 44/2001, la decisión de los tribunales civiles de la República de Chipre puede ejecutarse en cualquiera de los Estados Miembros de la Unión Europea contra la propiedad de los demandados en los procesos originales.
Es el caso de Meletios Apostolides contra David Charles Orams y Linda Elizabeth Orams, en el que un tribunal chipriota ordenó que los Demandados británicos demolieran un chalet y otras edificaciones que habían construido en el campo del Sr. Apostolides, situado en el ocupado Lapithos. También se ordenó que los demandados no interfirieran más en la propiedad del Sr. Apostolides y que pagaran una compensación por su interferencia hasta la fecha. Debido a la falta de cumplimiento de los demandados, el Demandante ha procurado registrar y ejecutar la sentencia en el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, de conformidad con el Reglamento CE 44/2001. Los demandados impugnaron el registro. La audiencia tuvo lugar los días 18-20 de julio del 2006, y la resolución del Alto Tribunal británico está actualmente pendiente.
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